
Revés para el gobierno chileno: la Contraloría frenó el nuevo reglamento aplicable a la Ley Uber por “falta de fundamentos” y porque el proyecto no atravesó un proceso de consulta pública. La decisión deja en puntos suspensivos una de las mayores prioridades de la administración actual para la cartera de Transportes y Telecomunicaciones.
El plan del gobierno era tener publicada la nueva versión durante la primera mitad del año. La propuesta incluye cambios como la cilindrada de autos autorizados para aumentar el parque vehicular y la anuencia para que el servicio pueda ofrecerse en distintas regiones en casos específicos,además de otros aspectos técnicos y jurídicos.
En el mismo sentido,considera que los cambios “rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe,de manera que,con mayor razón,resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas,técnicas y jurídicas debidamente acreditadas,que justifiquen plenamente su adopción,máxime si ello redunda directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transporte”.

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